El 19 de enero de este año, el secretario de Salud de Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, abrió una licitación por 406 millones de pesos para arrendar tres unidades médicas itinerantes. Dos días después cerró el proceso y firmó el contrato: la única empresa que se había presentado fue FMedical, SA de CV.
FMedical acumula más de 1,200 millones de pesos en contratos con el gobierno estatal desde 2024, según un reportaje de la revista Proceso publicado el 11 de agosto. El contrato de enero, identificado como SSA-DA-I-001-2026, cubre un servicio itinerante de detección, atención y diagnóstico médico. Sus propietarios, según documentos de registro de la empresa ante la Secretaría de Economía, son Fernando Padilla Farfán y Mario Manuel Guerra Mabarak.
Proceso documentó que ambos empresarios tienen vínculos con Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, y con la red del senador de Morena Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de la bancada morenista en el Senado. Un reportaje anterior de la misma revista, publicado en noviembre de 2025, ya había identificado contratos de la empresa por 833 millones de pesos hasta esa fecha.
Tres de cada diez habitantes de Quintana Roo, alrededor de 630 mil personas, no tenían acceso garantizado a un hospital en 2024, de acuerdo con datos del Inegi retomados por la organización México Cómo Vamos. Es en ese contexto que el gobierno estatal ha justificado la contratación de unidades médicas móviles como las que ofrece FMedical.
Ni la gobernadora Lezama, ni el secretario Carlos Rosado, ni los propietarios de FMedical han dado una versión propia sobre los señalamientos del reportaje. Tampoco se ha explicado por qué, en la licitación más reciente, ninguna otra empresa quiso o pudo competir por un contrato de 406 millones de pesos.