Todo empezó con otro escándalo, esta semana.
Cuando el Semanario Zeta publicó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, usaba un avión oficial de lujo, la presión pública obligó a revisar los registros federales. Fue entonces cuando resurgió un documento del INDEP de julio de 2023 que había pasado desapercibido: en esa misma relación de compras de aeronaves aparece el Gobierno de Quintana Roo.
El registro no es nuevo. Lo que es nuevo es que esta semana alguien lo encontró.
El INDEP es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el organismo federal creado para dar destino a bienes decomisados bajo principios de austeridad y transparencia.
Lo que el documento registra.
Según el reporte mensual de ventas directas del INDEP de julio de 2023, el avión era un Learjet 31-A que pertenecía a la Secretaría de Marina. La Marina lo transfirió al INDEP, que lo vendió directamente al Gobierno de Quintana Roo por 7 millones 555 mil pesos. En la misma operación, el Gobierno de Baja California adquirió otro Learjet 31-A por 7 millones 642 mil pesos.
El documento no especifica si la operación representa una compra directa, adjudicación o asignación administrativa. Tampoco detalla la dependencia usuaria ni el destino final del bien.
Lo que falta saber.
El INDEP establece que los bienes que administra deben contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y las finanzas públicas. Con base en ese principio, corresponde al gobierno estatal explicar la necesidad, el uso y la utilidad pública de la aeronave.
Este medio está abierto a publicar cualquier aclaración oficial que las autoridades deseen hacer llegar.
Las preguntas que quedan abiertas.
¿Para qué usa el estado el avión? ¿Qué dependencia lo opera? ¿Cuál es el costo de mantenimiento? Son preguntas legítimas que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer y que el documento por sí solo no responde.
Y una más: si el INDEP existe para devolver al pueblo lo robado, ¿venderle un jet a un gobierno estatal sin explicación pública es eso?