La Ley Olimpia llegó en 2020 como una promesa: castigar a quien difunda imágenes íntimas sin consentimiento y frenar la violencia digital. Casi seis años después, en Quintana Roo el problema no cede.
Las cifras.
Organizaciones civiles contabilizan cerca de 700 casos de acoso sexual en redes sociales en el estado, con 81 carpetas de investigación abiertas. Pero entre los casos detectados y las sentencias hay un abismo: la enorme mayoría nunca llega a una condena. Las más afectadas son personas jóvenes, de entre 18 y 30 años, aunque hay registros de víctimas mucho menores, incluidas adolescentes.
Por qué falla.
Las razones se repiten. La primera es la revictimización: muchas personas que denuncian son cuestionadas sobre por qué compartieron el contenido o por qué enviaron ciertos mensajes, en lugar de recibir apoyo. Ese trato desalienta a otras a dar el paso.
A eso se suma la falta de una fiscalía plenamente especializada y las dificultades técnicas del delito: cuentas falsas, perfiles anónimos y servidores fuera del país que complican rastrear al agresor. En el caso de menores de edad, organizaciones advierten además una laguna legal, porque no siempre se clasifican los casos como violencia digital.
El resultado es un mensaje desalentador: denunciar cuesta, y pocas veces hay consecuencias para quien agrede.
Cómo protegerte.
Si eres víctima, la recomendación de las autoridades es clara: no borres nada. Guarda capturas de pantalla, enlaces, nombres de usuario, fechas y horas. Esa evidencia es clave para tu denuncia, que puedes presentar ante la Fiscalía General del Estado. Bloquear al agresor y reforzar la seguridad de tus cuentas (contraseñas fuertes, verificación en dos pasos) también ayuda a prevenir.
Denunciar, pese a los obstáculos, sigue siendo la vía para que el delito no quede invisible y para exigir que la ley se cumpla.
Redacción | CUNCLAVE