Es temporada de inscripciones, y con ella llegó una queja que se repite en varios planteles: para inscribir a un hijo en el bachillerato, primero hay que pasar por la caja.
La denuncia.
De acuerdo con madres de familia, cuyo reclamo fue canalizado por la colectiva Marea Verde, al llegar a inscribir a sus hijos las envían a pagar una cuota de hasta 1,800 pesos por alumno. El argumento que les dan: reunir recursos para materiales, equipo de limpieza y otros servicios.
El problema no es solo el monto. Es lo que, según las afectadas, ocurre si no lo pagan: las mandan a firmar un convenio de pago, y si no pagan ni firman, la escuela no les acepta los documentos que exige el proceso de inscripción. En los hechos, denuncian, la inscripción queda condicionada a soltar el dinero.
Lo que dice la ley.
Aquí está el punto de fondo. El artículo 3º de la Constitución establece que la educación que imparte el Estado es gratuita. Las llamadas “cuotas voluntarias” existen y no son ilegales, siempre que sean eso: voluntarias. En el momento en que se condiciona la inscripción de un alumno a pagarlas, dejan de ser voluntarias y chocan con la gratuidad que marca la ley.
Esa es la línea que, según la denuncia, se está cruzando.
El contexto.
No es un caso aislado ni menor. Este ciclo, casi 24 mil jóvenes tramitan su ingreso a la educación media superior pública en Quintana Roo, según la propia Secretaría de Educación. Si el cobro se replica en varios planteles, el número de familias afectadas es considerable.
La denuncia coincide, además, con otra en el nivel superior: estudiantes de la Universidad de Quintana Roo se han inconformado por la intención de reinstalar cuotas de inscripción.
Por qué te toca.
Porque toca a cualquier familia con un hijo entrando a la prepa, y llega en el peor momento: cuando el costo de vida en el estado va al alza y muchos hogares ya hacen cuentas para llegar al mes. Mil ochocientos pesos, para muchas familias, es una parte real del gasto.
Y toca algo más de fondo: si la educación pública es gratuita por mandato constitucional, condicionar la entrada de un niño a un pago no es un trámite administrativo. Es cobrarle a una familia por un derecho que ya tiene.
CUNCLAVE buscó la postura de la Secretaría de Educación de Quintana Roo sobre estos cobros. Al cierre de esta edición, no había respuesta.
Redacción | CUNCLAVE