Francisca Mariner Flores Patrón tenía 17 años cuando desapareció en Cancún en junio de 2020. Su cuerpo fue localizado tiempo después, pero permaneció años sin identificar en el Semefo mientras su familia buscaba respuestas y las instituciones miraban hacia otro lado.
No fue un error administrativo. Fue el abandono del estado hacia una familia que exigía lo más básico: saber dónde estaba su hija.
Seis años después, hay exfuncionarios procesados. Pero para las madres que han sostenido esta lucha solas, la justicia sigue incompleta.
Lo que ocurrió y lo que tardó en ocurrir.
La Fiscalía de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación contra funcionarios de la administración pasada por presunta negligencia y omisión en los trabajos de identificación genética. En octubre de 2025, dos exservidores públicos fueron vinculados a proceso, entre ellos presuntamente un exfiscal de Homicidios y un exagente del Ministerio Público, según versiones periodísticas.
El colectivo de madres buscadoras sostiene que todavía faltan más exfuncionarios por ser investigados, incluido el exfiscal Óscar Montes de Oca, de acuerdo con esas mismas fuentes.
Lo que detonó la protesta en el aeropuerto.
Las madres buscadoras se manifestaron recientemente en el Aeropuerto Internacional de Cancún en rechazo a los amparos promovidos por los exfuncionarios procesados. En audiencias constitucionales, dos de los exservidores solicitaron amparo contra los procesos penales en su contra.
Para el colectivo, esos recursos representan un intento de frenar las responsabilidades por las omisiones en la investigación del caso. La protesta en el aeropuerto no fue un acto aislado: forma parte de una ruta de exigencia sostenida durante meses que ha incluido bloqueos y marchas en la Zona Hotelera y en el propio aeropuerto.
Lo que el estado no garantizó.
En Quintana Roo, el caso Francisca no es una excepción. Es el reflejo de un sistema que falla en el derecho más básico que cualquier gobierno debe garantizar: la seguridad y la dignidad de sus ciudadanos.
Mientras las instituciones tardaban, una madre buscaba. Mientras los funcionarios presuntamente omitían, una familia esperaba. Y cuando finalmente hubo procesados, los mismos exfuncionarios promovieron amparos para frenar su responsabilidad.
Las madres buscadoras no piden privilegios. Piden lo que el estado les debe desde el primer día.
El caso que se convirtió en símbolo.
María Patrón, madre de Francisca, ha encabezado la búsqueda y las protestas durante años. Su caso se convirtió en un símbolo del reclamo de las madres buscadoras contra la ineficiencia institucional y el retraso en la identificación de personas desaparecidas en Quintana Roo.
Lo que comenzó como una búsqueda ignorada durante años derivó en un proceso penal contra exfuncionarios. Pero mientras los amparos avanzan y la lentitud judicial persiste, las madres buscadoras siguen en la calle.
No porque quieran. Sino porque el estado las obligó a estarlo.