El cobro de derecho de piso dejó de ser un rumor entre comerciantes para convertirse en una constante en los reportes y expedientes judiciales del estado. En los meses recientes se han acumulado denuncias, detenciones y vinculaciones a proceso por extorsión en distintos puntos y contra distintos giros.
No es un caso aislado. Es una presión sostenida que se extiende por toda la economía.
Un delito que ya no perdona a ningún sector.
La extorsión dejó de ser un problema exclusivo de los pequeños negocios y el comercio informal. Los reportes recientes alcanzan a comerciantes, talleres, desarrollos inmobiliarios, obras en construcción, restaurantes y hoteles. Es decir, toca a sectores estratégicos para la actividad económica y turística del estado.
El transporte público es donde el fenómeno se ha vuelto más visible, por el número de detenciones. En la zona del ADO, dos hombres identificados como Israel “Anillo” y Carlos “La Comadre” fueron detenidos por exigir 200 pesos diarios a 26 taxistas. En Puerto Juárez, la captura de Daniel Jesús “N”, alias “El Shaggy”, destapó una red que presuntamente presionaba a mas de 150 operadores con la misma cuota. Pero los taxistas son solo la cara más documentada de un problema mucho más amplio.
Un fenómeno que cruza municipios.
El problema tampoco se concentra en un solo lugar. Los reportes recientes ubican casos y denuncias en Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Isla Mujeres y la zona continental, lo que coloca al corredor turístico y urbano del norte y la Riviera Maya como uno de los más expuestos.
Esas son, justamente, las zonas que concentran hoteles, comercios, desarrollos inmobiliarios y servicios que dependen de la estabilidad económica y de la percepción de seguridad. Cuando el cobro de piso entra ahí, el impacto no es solo criminal: también es económico y reputacional para el destino.
Un delito que se adapta.
El mecanismo no es rígido. Se ajusta al tamaño y la capacidad de pago de la víctima: cobros diarios a taxistas, cuotas a trabajadores bajo amenazas de muerte en otros sitios, y cuotas mensuales a comercios y locales establecidos. Esa flexibilidad es justo lo que lo hace difícil de erradicar y lo que le permite saltar de un giro a otro sin perder fuerza.
La respuesta y sus límites.
La autoridad ha respondido principalmente por la vía judicial: detenciones, vinculaciones a proceso, prisión preventiva y carpetas abiertas por extorsión. Pero la frecuencia de los casos también revela el otro lado: el delito sigue activo y creciendo. Cada captura confirma que hay más redes operando, y que por cada denuncia quedan dudas sobre cuántas siguen funcionando sin denuncia de por medio.
Y ahí está el problema de fondo. La extorsión es uno de los delitos que menos se denuncian en el país: el INEGI estima que cerca del 97 por ciento de los casos no llega a una investigación, lo que se conoce como cifra negra. Es decir, apenas tres de cada cien extorsiones se denuncian.
Las razones son dos, y ambas apuntan a la autoridad: el miedo a represalias y la percepción de que denunciar es una pérdida de tiempo porque no habrá castigo. Mientras esa desconfianza persista, las cifras oficiales seguirán mostrando solo una fracción del problema real, y cada detención anunciada será apenas la punta visible de un fenómeno mucho más grande.
Por qué te toca.
La extorsión no es un problema lejano de “los negocios”. El taxista que paga cuota traslada ese costo al pasaje. El comercio que paga lo refleja en sus precios. Y la economía que convive con el cobro de piso pierde algo más difícil de recuperar: la confianza.
Cuando un destino se asocia con extorsión, el inversionista lo piensa dos veces antes de abrir un hotel, un restaurante o un desarrollo. El que ya está, evalúa si vale la pena crecer o si conviene irse. Esa desconfianza frena proyectos, empleos y derrama económica, justo en un estado que vive de la inversión y del turismo.
El mensaje de fondo es simple: mientras el delito se mantenga y la denuncia siga siendo la excepción por miedo a represalias, el cobro de piso seguirá presionando, no solo a las víctimas directas, sino a la economía entera. La respuesta no puede ser solo reactiva. Tiene que dar garantías reales de que denunciar sirve, protege y que invertir aquí es seguro.
Redacción | CUNCLAVE