El nombre de Héctor José Contreras Mercader, extitular del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), vuelve a la conversación pública. Esta vez, por una investigación del diario Reforma que documenta su presunta vinculación con operaciones inmobiliarias y contratos por decenas de millones de pesos.
Lo que documenta Reforma.
De acuerdo con el reportaje, basado en escrituras públicas y registros de comercio, la primera operación es una mansión en Puerto Cancún, de 65 millones de pesos, que habría sido adquirida en mayo de 2025 mediante una “dación en pago” por la empresa Comerconlec, ligada a su entorno. La segunda es un contrato de arrendamiento de vehículos, por 80.5 millones de pesos, que el gobierno estatal otorgó a la compañía Transportes Ejecutivos Bell.
Reforma detalla que la red empresarial involucra a familiares y apoderados, entre ellos Frida Sofía Hoil Sánchez, socia de un hermano del exfuncionario, y una tercera sociedad, Bruraga Serv, que registró cambios de apoderados. El reportaje añade que Contreras habría operado políticamente para la gobernadora Mara Lezama y para el exdirigente del Partido Verde, Jorge Emilio González, el “Niño Verde”.
Una renuncia que cerró el tema.
Vale recordar la secuencia. Contreras renunció al SATQ el 11 de junio, apenas días después de ser captado en un palco del Madison Square Garden, en la final de la NBA, con accesos de hasta 20 mil dólares por boleto. Su salida cerró aquel episodio sin que mediara una investigación pública sobre cómo un servidor con sueldo público sostenía ese tren de vida.
Y llama la atención el silencio: indagar a fondo el patrimonio de Contreras obligaría, tarde o temprano, a mirar hacia quienes lo designaron, quienes lo supervisan y quienes autorizan sus presuntas operaciones. Quizá por eso las preguntas incómodas se archivaron junto con su renuncia. La salida funcionó como punto final, no como punto de partida.
Lo que se puede afirmar y lo que no.
Seamos precisos. Las operaciones inmobiliarias son legales en sí mismas, y ninguna autoridad ha imputado un delito a Contreras. Lo que la investigación plantea es un posible conflicto de interés, no una acusación probada de momento.
Cuando quien recauda los impuestos de un estado aparece ligado a un patrimonio millonario y a contratos con ese mismo gobierno, la ciudadanía tiene derecho a preguntar e investigar mas a fondo. Se buscó la postura de Contreras y del gobierno estatal, sin respuesta hasta el cierre.
Redacción | CUNCLAVE