Era el cargo más pesado. El que lo mantenía recluido en el penal federal de Morelos desde 2018.
Esta semana un juez federal lo retiró. La Fiscalía General de la República no logró acreditar el delito de delincuencia organizada con suficiente solidez y el juzgador dictó la absolución.
Eso abre la puerta para salir del penal. Pero no para quedar libre.
Lo que cambia y lo que no.
La absolución es parcial. El proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita sigue activo. La diferencia es que ahora ese proceso podrá enfrentarse desde afuera, bajo arresto domiciliario, con brazalete electrónico y sujeto a las restricciones que el juez determine.
Es un cambio de condición, no una absolución total.
El patrón que preocupa.
Los casos de corrupción política en México suelen fragmentarse en múltiples expedientes. Cuando uno cae, los demás siguen. Eso puede significar justicia parcial o justicia diluida, dependiendo del ángulo desde donde se mire.
En Quintana Roo, este tipo de resoluciones activan una pregunta que el estado lleva años haciéndose: ¿cuánto de lo que se perdió durante esos años regresó y qué quedó del proceso para la memoria pública?
Lo que sigue.
El expediente no se cierra. La causa por operaciones con recursos de procedencia ilícita continúa y definirá el siguiente capítulo de este caso.
Lo que sí es claro es que esta resolución no cierra el debate. Lo reabre.