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FRAUDES INMOBILIARIOS
EN AUMENTO


Los fraudes más comunes son venta de lotes sin escritura, doble venta, contratos sin valor legal y suplantación de identidad, con víctimas que pierden ahorros de años en una sola operación.
La SEDETUS identificó y clausuró 116 desarrollos inmobiliarios irregulares en el estado durante 2025 y enero de 2026; en Cancún la FGE vinculó 22 carpetas de investigación con pérdidas estimadas en millones de pesos.
En la Ruta de los Cenotes hasta 500 familias resultaron afectadas; en Bonfil denuncian reventa de los mismos lotes hasta cinco veces por parte del ejido local.

Muchas familias han tomado sus ahorros de años de trabajo y los han puesto en un terreno que resultó no existir legalmente. No es un caso aislado. Es un patrón que se aprovecha de algo muy humano: el deseo de tener un patrimonio propio.

Cómo opera el fraude.

Las ofertas se presentan como oportunidades baratas: precios por debajo del mercado, facilidades de pago y vendedores que generan confianza y urgencia. Lo que no muestran es la escritura ni el registro público.

Los esquemas más documentados incluyen suplantación de identidades, documentos falsificados con sellos de dependencias oficiales y notarías que formalizan operaciones irregulares. En Bacalar, Cozumel, Tulum y Mahahual opera una red que ha defraudado a al menos 10 víctimas con daños estimados en millones de dólares.

Dónde están las responsabilidades.

El fraude no siempre opera desde las sombras. Algunos casos documentados involucran notarías que formalizan operaciones irregulares, funcionarios que permiten el uso indebido de sellos oficiales y ejidos que venden terrenos sobre los que no tienen facultad legal de disponer.

La Fiscalía reportaba solo 2 denuncias formales, mientras la gobernadora reconoció haber recibido casi 40 casos directamente. Esa brecha dice mucho sobre la capacidad del sistema para contener el problema.

Mientras la verificación sea voluntaria, la regulación sea laxa y las sanciones lleguen tarde, el fraude seguirá encontrando espacio para operar.

Lo que puede salvar tus ahorros.

Antes de firmar o entregar un apartado, verificar estos puntos puede marcar la diferencia: escritura inscrita en el Registro Público, certificado de libertad de gravamen actualizado, que el vendedor coincida con el propietario real registrado y que el desarrollo tenga permisos vigentes.

El programa Alerta Inmobiliaria notifica a propietarios sobre trámites realizados por terceros con sus escrituras. Su costo anual es de mil 131 pesos y puede prevenir pérdidas mucho mayores.

Si alguien pide un apartado rápido sin documentación, esa es la primera señal de alerta.

Pulso de la Ciudad