El Ayuntamiento de Benito Juárez ofreció durante junio un trámite gratuito de cambio de identidad de género, en el marco del Mes del Orgullo LGBTQ+. La jornada recibió documentos hasta el 5 de junio y contempla la entrega de actas concluidas hacia finales del mes.
El trámite responde a un derecho reconocido en la ley. La forma en que se administra, en cambio, abre otras preguntas.
Qué se ofreció y a cuántos alcanza.
La campaña, coordinada por la Secretaría Municipal de Bienestar, la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual y el Registro Civil, recibió documentos en la Oficialía 01 del Registro Civil, junto al Parque de Las Palapas, y en oficinas de la Supermanzana 103. La meta inicial era beneficiar a cerca de 80 personas, aunque la convocatoria cerró con más de 40 trámites concretados.
El reconocimiento legal de la identidad de género ya está contemplado en el marco civil de Quintana Roo. Es decir, no se trata de una facultad que el municipio cree, sino de un derecho que ya existe y que la jornada facilita sin costo durante un mes.
Una campaña que vuelve cada año.
La jornada no es nueva. Se repite cada junio, puntualmente en el Mes del Orgullo, cuando la visibilidad mediática del tema está en su punto más alto. En 2025 ya se había ofrecido junto con bodas igualitarias.
Esa coincidencia, la de aparecer siempre en el mes de mayor cobertura, es justo lo que abre la pregunta sobre el sentido de la campaña: si responde a una necesidad administrativa real o a la conveniencia de mostrarse activo en la temporada de mayor exposición pública.
El límite que marca la ley.
Un dato relevante de estas jornadas es que no todos los que se acercan pueden realizar el trámite. La directora de Atención a la Diversidad Sexual reconoció que varias personas no completaron su registro por no ser mayores de edad.
No es un caso aislado. En la edición anterior, cuatro menores de edad intentaron tramitar el cambio de identidad de género y fueron rechazados, ya que la legislación vigente exige tener al menos 18 años para acceder al trámite, incluso cuando se cuenta con el consentimiento de madres, padres o tutores.
Que el interés provenga también de menores coloca un punto delicado sobre la mesa: hasta dónde llega el alcance de estas campañas y qué tan claros están los límites legales que las regulan.
La pregunta de fondo: prioridades.
El punto a discusión es el manejo de los recursos y la atención públicos. Toda jornada implica estructura, personal y horas de trabajo que salen de la misma bolsa con la que se atienden las demás necesidades de la ciudad.
Por eso la pregunta no es sobre el trámite en sí, sino sobre las prioridades: en qué decide concentrarse un gobierno, qué elige promover con fuerza y qué deja en segundo plano. Esa decisión, más que cualquier campaña, retrata a una administración.
Lo verificable es esto: el trámite ejerce un derecho legal, es gratuito por decisión de la autoridad y se promueve con fuerza en el mes de mayor visibilidad. Qué tanto pesa cada cosa, lo decide el lector.